Las estremecedoras historias de los cooperantes
humanitarios sudaneses recién liberados de Guantánamo
14 de diciembre de 2007
Andy Worthington
Dos años después de que una junta de revisión militar autorizara su excarcelación de Guantánamo,
Adel Hassan Hamad, administrador hospitalario sudanés que trabajaba para una
organización benéfica saudí, y Salim Muhood Adem, que trabajaba con huérfanos
para una ONG kuwaití, han sido repatriados a su país de nacimiento, donde,
según explicó el abogado Clive Stafford Smith, ambos están "a salvo con
sus familias".
Adel Hassan Hamad y
Salim Muhood Adem, tras su liberación. Foto © Mohamed Nureldin Abdalla,
Reuters.
|
Tras llegar al aeropuerto de Jartum, fueron obsequiados con ropas tradicionales sudanesas por
agentes de los servicios de inteligencia, que los llevaron a un hospital para
un breve reconocimiento médico antes de devolverlos a sus familias y amigos.
Mientras se iniciaba una ruidosa celebración, Adel Hamad habló por teléfono con
sus abogados estadounidenses, Steve Wax y William Teesdale, de la oficina del
Defensor Público Federal de Oregón. "Doy gracias a Dios todopoderoso y les
expreso mi agradecimiento", dijo. "Por fin puedo ver la luz después
de la oscuridad".
Si la administración esperaba pasar desapercibida durante un tiempo, y capear el reciente torrente
de críticas sobre sus políticas de detención posteriores al 11-S -en el
Tribunal Supremo, en relación con la destrucción de las cintas de vídeo de la
CIA en las que se relataban las torturas infligidas a los detenidos, y a través
de sus intentos, generalmente ineptos, de celebrar juicios por crímenes de guerra
en la propia Guantánamo-, la liberación de estos hombres no proporcionará
consuelo alguno, ya que sus historias ponen de relieve algunos de los fallos
más atroces de toda la sórdida historia de Guantánamo.
Adel Hamad, que ahora tiene 49 años, llevaba 17 viviendo en Pakistán y trabajando para organizaciones
benéficas. Capturado en su domicilio en julio de 2002, tras regresar de unas
vacaciones en Sudán con su esposa y sus cuatro hijos, refutó la acusación de
que tuviera algún tipo de relación con Al Qaeda, y declaró ante su tribunal en
Guantánamo: "Los odio y rezo a Dios para que no permita que personas de
entre los musulmanes lleven a cabo [sus] ideas". También señaló: "Si
yo fuera un miembro de Al Qaeda o si tuviera una asociación con ellos, no
habría viajado en junio de 2002 a Sudán con mi familia en unas vacaciones
anuales y, una vez terminadas éstas, habría regresado voluntariamente a
Pakistán. Si yo fuera un criminal, con asociación a esos criminales, ¿por qué
iba a regresar a Pakistán sabiendo que la inteligencia paquistaní estaba
deteniendo a miembros de Al Qaeda?".
La descripción que hizo de su detención parece especialmente chocante, pero en realidad fue
bastante típica de las decenas de detenciones que se produjeron en Pakistán en
aquella época, basadas en su mayoría en "información de inteligencia"
dudosa o inexistente. "Me detuvieron en mi casa a la 1.30 de la noche,
cuando me desperté y me encontré frente a policías de la Inteligencia
paquistaní que me apuntaban a la cara con sus armas, como si estuviera en un
sueño o en una pesadilla perturbadora", relató a su tribunal. "Me
gritaban: '¡no te muevas! Así que les dije: '¿qué pasa, qué queréis de mí? Y
con ellos había un hombre alto que no parecía paquistaní, que creo que era
estadounidense. Me esposaron y me dijeron "¿dónde están tus papeles?"
(se referían a mi pasaporte). Les dije que en el bolsillo de la camisa. El
hombre alto comprobó mi pasaporte y me dijo que había vuelto pronto de viaje.
Le dije que sí. Hablaba en un árabe pobre. Vio un permiso oficial pakistaní
legal por la fecha que figuraba en mi pasaporte, que tenía una autorización
oficial legal fijada para dos años. Así que el guardia dudó al final y le
preguntó al hombre alto: '¿nos lo llevamos?'. Y el hombre dijo: 'sí,
lleváoslo'. Así que me llevaron y me recluyeron en una cárcel de Pakistán
durante seis meses y diez días. Después me trasladaron a Bagram y luego a Cuba".
Desde hace aproximadamente un año, Adel Hamad se ha convertido en una de las celebridades
de Guantánamo, gracias a los esfuerzos de sus emprendedores abogados, que
viajaron a Pakistán para entrevistar a sus antiguos compañeros y a Sudán para
entrevistar a su familia, produciendo una película que dio a conocer su difícil
situación a una enorme audiencia en YouTube y que, a su vez,
dio lugar a la creación de un sitio web de campaña que recabó el apoyo de miles
de personas, entre ellas el actor Martin Sheen.
Sin embargo, lo que hace especialmente llamativa la historia de Hamad, más allá de su
incuestionable inocencia, es lo que ocurrió después de su tribunal en
Guantánamo hace tres años. Los tribunales, conocidos como Tribunales de
Revisión del Estatuto de los Combatientes (CSRT, por sus siglas en inglés), se
crearon a raíz de una trascendental decisión del Tribunal Supremo en junio de
2004, según la cual, en contra de lo afirmado por la administración hasta esa
fecha, los detenidos tenían derechos de habeas corpus; en otras palabras, que
tenían derecho a impugnar el fundamento de su detención ante un tribunal. Sin
embargo, en lugar de entregarlos a los tribunales estadounidenses, la
administración creó los CSRT para revisar la designación previa de los
detenidos como "combatientes enemigos" sin derechos, que podían ser
retenidos indefinidamente sin cargos ni juicio. Haciendo hincapié en su desdén
por el Estado de derecho, el gobierno impidió que los detenidos tuvieran
representación legal y, además, se basó en pruebas secretas que les fueron ocultadas.
Los tribunales, que determinaron debidamente que todos menos 38 de los 558 detenidos en aquel
momento habían sido designados correctamente como "combatientes
enemigos", fueron criticados este mes de junio por el teniente coronel
Stephen Abraham, veterano de la inteligencia militar que había participado en
la recopilación de las "pruebas" para los tribunales, y que los condenó
como una farsa, basada en pruebas vagas, infundadas y genéricas, y concebida
simplemente para aprobar la designación previa de los detenidos como
"combatientes enemigos".
Si bien se atribuye a los comentarios del teniente coronel Abraham el mérito de haber impulsado al
Corte Supremo a revisar una vez más los derechos de los detenidos (en una vista
que tuvo lugar la semana pasada, como se informa aquí
y aquí),
el tribunal de Adel Hamad ya había proporcionado la primera demostración vívida
de la injusticia de todo el proceso en agosto de 2006, cuando Farah Stockman,
del Boston
Globe, informó de que, en su CSRT, Hamad había sido juzgado
"combatiente enemigo" exactamente por el tipo de alegaciones
genéricas que más tarde condenó el teniente coronel Abraham.
Hamad mantuvo que la organización benéfica saudí para la que trabajaba, la Asamblea Mundial de la
Juventud Musulmana (WAMY), era "una organización benéfica que trabaja para
ayudar a los refugiados afganos proporcionándoles alimentos, medicinas, ropa y
educación, construyendo escuelas concertadas que se componen de un orfanato,
formación educativa, y también trabaja en el departamento de sanidad
estableciendo hospitales, pequeñas clínicas, y también excavando pozos de agua,
[y] construyendo pozos de agua". Sin embargo, las autoridades estadounidenses
la describieron como una organización que "apoya ideales y causas
terroristas", a pesar de que nunca ha aparecido en una lista de vigilancia
antiterrorista (a pesar de haber sido investigada por el Senado estadounidense)
y fue uno de los proyectos favoritos del difunto rey saudí Fahd bin Abdul Aziz.
Otra organización para la que Hamad había trabajado anteriormente, la Lajanat Dawa Islamiya (LDI), con
sede en Kuwait, que tampoco figura en ninguna lista de vigilancia
antiterrorista de Estados Unidos, fue descrita como "una de las más
activas" ONG islámicas "que proporciona apoyo logístico y
financiero" a los muyahidines que operan en Afganistán y Pakistán, y que
"podría estar" asociada con Osama bin Laden.
En su comparecencia ante el tribunal, un Hamad claramente exasperado refutó todas las acusaciones,
exclamando en un momento dado: "Detener a empleados como yo [que] no es
capaz de apoyar financieramente a terroristas, ¿es esto justicia? Soy un
empleado que trabaja para ganarse la vida y no tengo ninguna relación con las
opiniones políticas [de la organización] ni con sus recursos financieros, así
que ¿por qué me castigan por un delito que no he cometido? ¿Por qué no detienen
a los presidentes de las organizaciones benéficas o a las personas que las
apoyan económicamente en lugar de detener a un simple empleado sin valor informativo?
Adel Hamad con dos de
sus cuatro hijos en Pakistán, antes de su captura.
|
Como era de esperar, el tribunal dictaminó que había sido designado correctamente "combatiente
enemigo", pero aunque sus súplicas parecían haber sido ignoradas,
Stockman, a quien se permitió examinar la documentación del CSRT, observó que
uno de los miembros del tribunal -un mayor del ejército no identificado- había
emitido una opinión discrepante. Teniendo en cuenta el hecho de que ni WAMY ni
LDI figuran en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de
Estado, el mayor argumentó que, "incluso suponiendo que todas las
alegaciones... sean exactas, el detenido no cumple la definición de combatiente
enemigo". Y añadió: "Es de suponer que estas ONG cuentan con
numerosos empleados y trabajadores voluntarios que han desempeñado funciones
humanitarias legítimas. El mero hecho de que algunos elementos de estas ONG
presten apoyo a "ideales y causas terroristas" es insuficiente para
declarar combatiente enemigo a uno de sus empleados."
Stockman señaló, sin embargo, que el mayor fue desautorizado por sus colegas, uno de los cuales -en
una sola línea que desacredita todo el proceso del tribunal con tanta eficacia
como la declaración posterior del teniente coronel Abraham- escribió que el
caso "superó el 'escaso obstáculo probatorio' establecido por las normas
de las audiencias."
Hace dos meses, el mayor, que participó en 49 de las 558 audiencias del CSRT, añadió públicamente
sus quejas a las registradas
por el teniente coronel Abraham, diciendo a William Teesdale: "Gran parte
del material presentado fue suministrado por agencias de inteligencia y eran
resúmenes que no estaban necesariamente justificados por las pruebas
subyacentes." El comandante mencionó específicamente su disidencia en el
CSRT de Adel Hamad, y también habló de la exclusión deliberada de pruebas
exculpatorias, de la nueva convocatoria de los CSRT cuando se producía un
resultado desfavorable y de la presión ejercida sobre los tribunales desde los
niveles superiores de la estructura de mando.
El caso de Salim Muhood Adem, también de 49 años, es, a su manera, tan condenatorio como el de
Adel Hamad. Residente en Pakistán, que había viajado por primera vez a ese país
en 1991, cuando "realizaba trabajos oficiales legales para escuelas",
declaró ante el tribunal que trabajaba para la Revival of Islamic Heritage
Society (RIHS), una ONG kuwaití, desde 1994, y señaló que había mencionado a
los interrogadores el tipo de trabajo que realizaba -viajar de una escuela a
otra para comprobar la educación antes de ser transferido a "la Oficina de
Administración del Orfanato"- y que "no era un delito".
Respondiendo a una alegación de que la organización era "sospechosa de apoyar actividades
extremistas, y algunos empleados son sospechosos de apoyar el terrorismo",
dijo: "Sólo he sabido que la organización islámica está asociada a
esfuerzos humanitarios, nunca al terrorismo." Reconoció haber viajado a
Afganistán en 1998, explicando que fue "a supervisar la administración de
las Escuelas Orfanato" en la provincia de Kunar y en Jalalabad, y se
mostró perplejo ante la afirmación de que su residencia fue "identificada
como residencia sospechosa de Al Qaeda y allanada". Dijo que había
alquilado la casa a una mujer paquistaní, y añadió: "todo lo que hice en relación
con la casa fue legal". Y lo que es más importante, explicó que cuando fue
detenido "el oficial que nos detuvo dijo que nos entregaba a las fuerzas
estadounidenses para evitar problemas y mantener la seguridad de nuestro país."
Cuando se le preguntó si había otras personas con él cuando fue detenido, Adem respondió que sólo
estaban él, su esposa y sus dos hijos pequeños, y cuando se le preguntó:
"¿Tus hijos también fueron detenidos?", respondió: "No lo sé ...
Llamaron a la puerta y bajé a abrir. Algunos entraron en mi casa saltando desde
los tejados de las casas vecinas y otros entraron por la puerta principal.
Cuando entraron les pedí que por favor no asustaran a mi familia. Abrí las
puertas de la casa una por una para mostrarles lo que había dentro de cada
habitación. Me esposaron y vendaron los ojos y luego me llevaron".
A diferencia de WAMY y LDI, la RIHS fue incluida en la lista negra del Tesoro estadounidense en enero
de 2002, al parecer porque parte de su personal, incluido el director de su
oficina paquistaní, Abdul Muhsin al-Libi, "defraudó a contribuyentes
bienintencionados desviando dinero donado para viudas y huérfanos a terroristas
de Al Qaeda" y "rellenó el número de huérfanos que decía cuidar
facilitando nombres de huérfanos inexistentes o fallecidos. Los fondos enviados
para atender a los huérfanos inexistentes o fallecidos se desviaban a
terroristas de Al Qaeda".
Sin embargo, ni al-Libi ni otro sospechoso mencionado, Abu Bakr al-Jaziri, que al parecer
también ocupaban altos cargos en el Comité de Apoyo Afgano, creado por Osama
bin Laden en la década de 1980, fueron capturados por los estadounidenses. En
cambio, Adem y otros cuatro trabajadores de la organización fueron detenidos, a
pesar de que no había pruebas de que ninguno de ellos supiera nada de la
financiación terrorista. Lo que resulta especialmente chocante de la situación
de Adem es que, aunque los otros cuatro hombres -un jordano y otros tres
sudaneses, entre ellos el contable de la organización benéfica en 2001- fueron
puestos en libertad entre noviembre de 2003 y julio de 2005, Adem tuvo que
esperar otros 29 meses para que se le concediera la libertad.
Para explicar el retraso en la puesta en libertad de ambos hombres, los abogados de Adel Hamad
presentaron recientemente una declaración ante el Tribunal de Circuito de DC,
en la que exponían los avances -o la falta de avances- en las negociaciones
entre los gobiernos sudanés y estadounidense, que revelaban hasta qué punto las
maniobras políticas, y no las cuestiones de justicia, han impulsado gran parte
de la política de la administración estadounidense hacia los detenidos. Así se
desprende, en general, de los casos de los saudíes y yemeníes de Guantánamo. En
los últimos doce meses, tras fructíferas negociaciones entre los gobiernos
saudí y estadounidense, 69 saudíes han sido repatriados desde Guantánamo, a
pesar de que no se había autorizado la puesta en libertad de ninguno, mientras
que Yemen, cuyos 95 detenidos constituyen ahora el grupo más numeroso de
detenidos por nacionalidad, sigue esperando el regreso de sólo seis detenidos,
algunos de los cuales, como Adel Hamad y Salim Adem, llevan más de dos años con
autorización para ser puestos en libertad.
En la declaración, William Teesdale explicó que se había notificado al gobierno sudanés que Hamad
y Adem habían sido "aprobados para su traslado" el 14 de noviembre de
2005, y que el Departamento de Estado había pedido garantías de que serían
investigados a su regreso a Sudán y de que se respetarían sus derechos humanos.
El Departamento también solicitó permiso para tener "acceso a los
detenidos si fuera necesario", y garantías de que el gobierno sudanés
"asumiría la responsabilidad de los detenidos y evitaría que fueran una
nueva amenaza para Estados Unidos."
El embajador adjunto de Sudán, un tal Sr. Elguneid, explicó a Teesdale que la embajada sudanesa dio
una "respuesta oficial" a estas demandas en junio de 2006, accediendo
a todas ellas e incluso señalando que funcionarios estadounidenses se habían
"reunido con algunos de los detenidos [anteriormente] liberados en Sudán
desde su liberación". El Departamento de Estado indicó entonces que sería
bueno "intentar resolver la cuestión de todos los detenidos sudaneses de
Guantánamo" (otros seis, entre ellos el cámara de Al Yazira Sami al Haj,
siguen detenidos) y que el camino a seguir sería "elaborar un memorando de
entendimiento entre los dos países".
El embajador adjunto Elguneid señaló, sin embargo, que Samuel Whitton, el embajador estadounidense
que había estado llevando a cabo estas negociaciones, dejó entonces su puesto,
y que "las negociaciones con el nuevo embajador en funciones para crímenes
de guerra, Clint Williamson, fueron más difíciles". Esta afirmación se
quedaba algo corta. Elguneid admitió que, a pesar de haber presentado diez solicitudes
de reunión para tratar la liberación de Hamad y Adem, no había podido conseguir
una cita con Williamson y no se había reunido con ningún funcionario del
Departamento de Estado desde esa última reunión, en junio de 2006.
Con la liberación de Adel Hamad y Salim Adem, es evidente que se ha superado el punto muerto, pero
la clara politización del proceso de liberación de detenidos arroja más sombras
sobre la legitimidad de Guantánamo, y la obstrucción por parte de los
funcionarios del Departamento de Estado sólo sirve para socavar las
afirmaciones de Condoleezza Rice de que el Departamento está comprometido con
el objetivo declarado del secretario de Defensa, Robert Gates, de encontrar la
forma de cerrar la prisión cuanto antes.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
